COMUNICADO: 2 de julio de 2022

Desde Somos Monte Chaco rechazamos fuertemente la propuesta de mapa del Ordenamiento de Bosques presentado por el Gobierno del Chaco el pasado 30 de junio a la Justicia (mapa a lado).

Todo el proceso de actualización está plagado por decisiones arbitrarias e interpretaciones incoherentes con la reglamentación del COFEMA: el mapa resultante es groseramente regresivo.
Faltó participación, faltó transparencia, faltaron datos, sobraron conflictos de intereses, irregularidades y actores involucrados en comprobadas infracciones a la misma Ley de Bosques. No es una casualidad: fue el escenario que el Ejecutivo deliberadamente construyó para luego pretender tener campo libre y actuar sin miedo a controles externos.


LA ESTAFA QUEDA EXPUESTA

Disfrazado detrás de un par de formulas matematicas, como para darle una aparencia cientifica, está uno de los artilugios que utilizaron para legalizar lo ilegal.
Analizamos el criterio 6 «Estado de conservación de los bosques» (ver mapa adjunto al final).
Ya de por sí, a cualquiera con un mínimo de sinceridad le parecería raro definir el estado de conservación de un bosque en base a los planes de explotación otorgados sobre el mismo.
Se ponen al mismo nivel «Permisos Silvopastoriles, Eliminación de Áreas Quemadas e Invasoras, y Detecciones de cambio de cobertura boscosa».
Para quien entiende del tema, no hace falta decir más: los silvopastoriles son permisos otorgados en zonas de bosques protegidos donde no se podía deforestar.
Chaco negó siempre de que hayan sido utilizados para desmontar, pero ahora de repente nos dice «es verdad, aquellos ya no son bosques, permitamos a las empresas tumbar el resto de los arboles y hacer agricultura intensiva».
Los permisos de Eliminación de Invasoras ya fueron denunciados en pasado por haber sido utilizados de forma fraudulenta por parte de algunos ingenieros cercanos a la Dirección de Bosques.
En ambos casos no se utiliza la superficie de trabajo de los permisos, sino que la extensión total de los predios: o sea es indiferente si alguien tenía un permiso para 500 o 5.000 hectáreas, se considera la superficie total del campo.
Y en fin lo más grave, los cambios de uso de suelo: acá ya no se habla ni siquiera de «permisos» se habla de «detecciones«. No es una sutileza, es una diferencia enorme: la detecciones son aquellos desmontes o quemas realizados ilegalmente. O sea ya no importa si un dueño tramitó un permiso legalmente o si desmontó ilegalmente, a las autoridades le da lo mismo.


A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE PRUEBA

En la practica se invierte la lógica: el Estado ya no cumple con el deber de evitar el uso irracional de aquellos bosques protegidos y fiscalizar donde necesario, sino que toma registro de donde se han perdido los bosques y a posteriori blanquea la situación bajando el nivel de protección que aquellos tenían.
Es así que a cientos de empresas como la H Primo S.A. (que desmontó ilegalmente casi 2.000 hectáreas en el Impenetrable), en lugar de exigirle la multa y la recomposición de lo bosque, se las premia y se les da luz verde para que terminen de eliminarlo.
Abre también las puertas a que cada actualización del OTBN se haga de forma regresiva, desprotegiendo cada vez más bosques y socavando así el sentido mismo de la Ley 26.331.
Este riesgo fue señalado ya en 2021: «Queremos que no se cometa el error que aquellas zonas que hoy son sin bosques, pero que los tuvieron y sufrieron deforestación, queden en blanco porqué la ley nacional establece que aquellas zonas deben ser restauradas en cuanto fueron deforestadas ilegalmente».


UNA RED DE INTERESES CRIMINOGENOS

Resulta llamativo que en la ponderación matemática quien otorgó mayor importancia a este criterio manipulado artificialmente, haya sido Roberto Olivares representante de la UTN, que apareció sin haber participado anteriormente en la mesa.
Las condiciones se fueron construyendo paulatinamente: la mesa funcionó sin una reglamentación, la participación fue mermando y monopolizada, se permitió que la Cámara de Exportadores de Carbón, la Cámara de Extracto de Quebracho, FECHASORU y CPIACH, votaran cada una singularmente en la ponderación de forma que la voluntad del sector productivo valga matemáticamente 4 veces más que la de cualquier otro actor y se aseguró de que las voces no alineadas con el esquema delictivo queden afuera y su participación se limitó a una «consulta pública» via mail sin valor practico en las decisiones.
Todo esto pone en evidencia la corrupción, los conflictos de intereses y el trafico de influencias atrás de la mala gestión de los bienes naturales en la Provincia del Chaco.
El asunto ya no es de simple infracción administrativa, sino asume relevancia penal y transcendencia federal, en cuanto perjudica compromisos asunto sea por la Provincia que por la Nación.
La responsabilidad de daños al ambiente y la colectividad no prescriben. Actuaremos para denunciarlas a la justicia.

Somos Monte Chaco